La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) saluda el pronunciamiento positivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que permanecían sin aplicarse.

La plena vigencia de la normativa permitirá poner límites al accionar oligopólico de grandes empresas de la comunicación, ya que durante cuatro años desde la sanción en el Congreso una medida cautelar logró impedir que el Grupo Clarín cumpliera el proceso de adecuación que lo obliga a desprenderse de señales (cuenta con 250 licencias cuando se permiten 24) para cumplir con la ley.
Debe destacarse la legitimidad de esta ley desde su gestación, sobre la base de los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática conformada por entidades y actores sociales que venían bregando por el indispensable reemplazo de la Ley de Medios de la dictadura militar.
La legislación actual arribó al Congreso luego de meses de discusiones en foros a lo largo de todo el país, de los que APYME participó activamente, y fue sancionada por amplio consenso al cabo de intensos debates en la Legislatura.
Debemos remarcar, además del sentido democrático y pluralista de esta ley, su innegable efecto económico y distributivo para miles de Pymes, cooperativas y trabajadores de la comunicación. En estos cuatro años de aplicación parcial posibilitó la creación de más de 100.000 puestos de trabajo en el sector audiovisual.
Un relevamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) presidida por Martín Sabatella informó hechos relevantes que será útil difundir, como el otorgamiento de 1.018 autorizaciones y licencias para radio, televisión abierta y televisión paga y la autorización de 210 radios comunitarias en todo el país.
En este marco el fallo de la Corte Suprema, aunque tardío, significa la concreción de un nuevo avance sobre grandes intereses corporativos que buscan permanentemente maximizar sus ganancias a expensas del conjunto de la ciudadanía e impedir mayores logros en un proyecto de desarrollo equitativo.
También es un paso adelante en la calidad de las instituciones democráticas de nuestro país, que deben promover y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, económicos y sociales para todos sus habitantes, una tarea que nos compromete a todos los argentinos.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013